Antonio Cruz acepta un trato ventajoso que le permitirá adquirir otro domicilio después de que el suyo fuera desalojado, tras aviso de la constructora a la Ciudad justo cuando habían terminado de derribar el edificio adyacente, dejando el escombro sobre la medianera de su vivienda
Dos meses después de que lo desalojaran de su domicilio en el 7 de la calle Fernández, Juan Antonio Cruz ha aceptado la oferta económica que la promotora que derribó el edificio adyacente le ha hecho para comprar su casa. La negociación parecía rota, pero, según ha ido informando su abogado a este medio durante las últimas tres semanas, se abrió nuevamente la opción de acuerdo -evitando los tribunales- y esta misma semana todo ha quedado sellado.
Termina de esta forma un culebrón que comenzó cuando la empresa advirtió a la Ciudad el pasado 23 de febrero -una vez había tirado la edificación aledaña y dejado los escombros sobre la medianera de la de Cruz- del supuesto estado de ruina en el que se encontraba el número 7.
La tramitación realizada por la Ciudad tras el aviso de la firma promotora, que va a construir pisos en la parcela contigua, obligó al rápido desalojo a Juan Antonio Cruz, su esposa y su hija hace dos meses. Este proceder también les forzó a abonar de su bolsillo la contratación de una arquitecta, llegada este viernes desde la Península, para elaborar un informe patológico que aclare la situación.
Desde entonces vivían alquilados en una vivienda del jefe de este vecino, que ahora respira aliviado y ve como el resultado del informe patológico tampoco debe preocuparle. Su idea de continuar viviendo en el centro de la ciudad podrá seguramente cumplirse merced al acuerdo alcanzado, del que no han trascendido cifras exactas.
Cruz fue sacado de su casa el pasado 23 de febrero, después de que la promotora avisara a la Ciudad de que había optado por parar las obras de demolición en la parcela adyacente -casi terminadas y dejando todos los escombros sobre la medianera de la casa de Cruz- porque, ahora, apreciaba riesgo de derrumbe en el 7 de Fernández. Curiosamente, siempre según lo expuesto por este vecino durante los últimos meses, personas relacionadas con la constructora y conocidas también de él le habían venido preguntando "qué pedía por la casa".
Alertado por la empresa, la consejería de Fomento -que supuestamente había inspeccionado las edificaciones antes de conceder licencia de derribo y había ordenado hacer parte de la demolición de forma manual- apenas tardó cinco minutos y unos segundos en decretar medidas cautelares. Se sucedieron en pocas horas varios documentos, entre decretos, e informes policiales y de los arquitectos, quedando los residentes fuera de sus casas por precaución, sin saber si iban a poder volver y con la perspectiva de negociar la venta a la empresa que había demolido el inmueble colindante mientras ellos permanecían en las viviendas. La velocidad era defendida como diligencia y dedicación por parte de la Ciudad, y generaba sospecha para el afectado.
La situación, que parecía poder cerrarse con un acuerdo rápido entre Cruz y la promotora, tomó otros derroteros. El hombre decidió acudir a un abogado tras recoger la documentación relativa al expediente -justo la revelada por este medio en exclusiva-, ya que no apreciaba avances.
El letrado, que consideraba "evidentemente" que la demolición realizada había dejado a la intemperie la medianera acumulándose los escombros empujando contra la vivienda de su cliente", veía complicado el acuerdo por la falta de contacto entre partes. Incluso la promotora, según explicó el abogado, estaba "molesta" por que el caso hubiera tenido tanto seguimiento en los medios de comunicación.
Cruz continuó el proceso preceptivo y pagó los informes del perito y el arquitecto cuyos resultados tampoco se conocen aún, para ver si su casa, como él siempre ha defendido, se podía poner en condiciones de habitabilidad" o, sino, cuál había sido el motivo que la llevó a ese estado. "Determinar si hay una relación causa efecto entre la demolición y el agravamiento de las grietas en la vivienda". Entendía en aquel momento el abogado que, de no asumir ese coste por voluntad propia el vecino, lo haría "la Administración de forma subsidiaria y pasándole luego la factura".
Un agravio más en la pesadilla de este hombre y su familia, que llevaba 38 años viviendo "pacíficamente" en su domicilio con su esposa, hija y perro.
Finalmente, la promotora se decidió a reabrir las negociaciones y el acuerdo ya se ha cerrado.
Tiene ochenta y tres años y lleva desde los quince en la tienda, siempre acierta cuanto va a pesar el embutido, "o lo que sea" y sirve cervezas hasta a agentes de la ley uniformados en plena mañana
El texto, que ha sido renovado, amplía los derechos de las personas con discapacidad y elimina del articulado la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos"
El evento, que contará con lectura de manifiesto, actuaciones musicales y de magia y sorteo de regalos, se celebrará el próximo 7 de junio a las 19.00 horas
